Una nueva realidad migratoria en España exige una respuesta más humana, coordinada y urgente. En la última década, el número de personas migrantes que han llegado a nuestras costas ha experimentado variaciones significativas, reflejo de un contexto global cada vez más inestable. En 2018, más de 64.000 personas accedieron por vías irregulares, cifra que volvió a superar las 40.000 en 2020, a pesar de las restricciones por la pandemia. En 2023, se contabilizaron más de 56.000 llegadas, y las previsiones actuales indican un crecimiento sostenido, con la ruta atlántica hacia Canarias concentrando el mayor flujo, superando en algunos años el 75% del total nacional.

La mayoría de quienes llegan proceden de países como Senegal, Mali, Guinea, Costa de Marfil o Marruecos, huyendo de conflictos armados, persecuciones, violencia de género, crisis climáticas o pobreza extrema. Muchas de estas personas han vivido verdaderas odiseas en el mar, viajando durante días en embarcaciones precarias, sin apenas agua ni alimentos. Quienes logran sobrevivir arriban deshidratados, heridos, sin documentación y profundamente desorientados. Además, los perfiles han cambiado: hoy llegan más mujeres, menores no acompañados y personas con vulnerabilidades añadidas, lo que ha puesto al límite los dispositivos de acogida en costas, ciudades fronterizas y grandes núcleos urbanos.