«En el expediente se ha acreditado […] el acompañamiento jurídico y psicológico, así como ayuda económica para cubrir sus necesidades básicas y para la búsqueda de empleo proporcionada por la ONG Rescate Internacional, que ha incluido a la interesada en el Proyecto Sabina.»
Estas son algunas de las justificaciones que la secretaría de Estado para Migraciones, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha redactado en el informe para conceder la residencia a una mujer participante de la entidad.
En abril de 2021 comenzó el acompañamiento a esta mujer por parte del equipo de ONG Rescate Málaga, cuando entró en el marco de PROYECTO SABINA tras ser derivada por el Centro de Información a la Mujer de una localidad de la provincia de Málaga. En aquel momento era menor de edad y fue derivada porque acababa de sufrir una agresión sexual y se encontraba en situación irregular en España tanto ella como su unidad familiar.
Desde nuestro equipo se solicitó la autorización de residencia temporal y trabajo como víctima de violencia de género, alegando para ello la aplicación del Convenio de Estambul. Sin embargo, por la Oficina de extranjería se rechazó su tramitación por esta vía y, solicitamos elevar el caso a la Secretaría de Estado para Migraciones para que se le aplicase la Disposición Adicional Primera, apartado 4 del Real Decreto 557/2011. Este tipo de autorización está previsto para casos muy concretos y graves (normalmente lo usan para casos mediáticos) en los que se aprecien » circunstancias de naturaleza económica, social o laboral lo aconsejen y en supuestos no regulados de especial relevancia, a propuesta del titular de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración».
“Hasta la reciente Ley de garantía integral de la libertad sexual (que acaba de entrar en vigor) las mujeres víctimas de violencia sexual no ejercida por sus parejas no tenían una vía clara para poder regularizarse como tales víctimas; es decir, no ha habido un mecanismo de protección que garantizase su residencia legal. Por eso, el Ministerio nos propuso usar esta vía”, explica la abogada de Sabina en Málaga, Beatriz Quintana.
“Por un lado, es una victoria, porque esta usuaria ha podido regularizarse; pero por otro es un fracaso que destacar, porque España no considera la violencia sexual como una forma de violencia de género si no es ejercida por la pareja o expareja”, añade.
Estos derechos adquiridos le permiten acceder al mercado laboral, abandonar la economía sumergida y así mejorar su calidad de vida y oportunidades de inclusión. La violencia sexual es un problema estructural a nivel nacional y, esta resolución favorable (sin existir una figura jurídica para estos casos en la Ley de Extranjería) es una forma de reparación por parte del Estado.
Con todo esto, desde Rescate Málaga y desde el Proyecto Sabina podemos celebrar esta resolución de la Secretaría de Estado para Migraciones como una victoria en favor de los derechos y libertades de las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual. Y, sobre todo, lo celebramos porque los informes del equipo de Málaga y, en especial la garantía de apoyo psicológico, social, jurídico, para búsqueda de empleo y económico, han servido como principal elemento valorado por el Ministerio para conceder la residencia.
